Blanca Obón, médica del Hospital Clínico: “La violencia y la pobreza que sufren las mujeres no terminan cuando acaba la guerra”

Un estudio en el que participan las médicas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Blanca Obón e Isabel Gutiérrez concluye que la violencia sexual no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados, sino una estrategia deliberada con secuelas físicas, psicológicas y sociales que pueden prolongarse durante décadas

Cuando se habla de una guerra, la imagen que suele venir a la cabeza está marcada por los bombardeos, los combates o los edificios reducidos a escombros. Sin embargo, existe otra devastación mucho menos visible que continúa mucho después de que cesen los disparos y que rara vez ocupa el centro del debate público. Es la que sufren miles de mujeres y niñas cuyos cuerpos se convierten en un campo de batalla y cuya salud física, mental y social queda marcada durante años.

Ese es el punto de partida del estudio ‘Impacto de los conflictos armados en la salud de las mujeres y las niñas’, elaborado por un grupo de investigadores entre los que se encuentran dos médicas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Blanca Obón e Isabel Gutiérrez. Ambas pertenecen al Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios de Aragón (GRISSA), que pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón). Está financiado por la Sociedad Española de Epidemiología y el Grupo de Trabajo de Género Diversidad Afectivo Sexual y Salud (GEyDIS).

El trabajo, del que también forman parte Christian Gil Borrelli, María Ángeles Rodríguez Arenas y Carmen Vives Cases, revisa la evidencia científica publicada entre 2013 y 2025 y analiza cómo las guerras afectan de manera específica a las mujeres desde una perspectiva de salud pública y de género.

Entre las conclusiones, el documento afirma que “la violencia sexual no constituye un efecto colateral inevitable de los conflictos armados, sino una herramienta utilizada de forma deliberada para sembrar el terror, romper comunidades, desplazar poblaciones o alterar la composición étnica de determinados territorios”. A esa violencia directa se suma el colapso de los sistemas sanitarios, que deja a millones de mujeres sin acceso a atención obstétrica, anticonceptivos, tratamientos médicos o productos básicos para la higiene menstrual.

“Es importante visibilizar que la guerra también es esto”, resume la especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Blanca Obón Azuara, además de asegurar que “los conflictos armados afectan masivamente a toda la población, pero con una mayor desproporción entre las mujeres y las niñas porque se enfrentan a vulnerabilidades específicas”.

La investigadora explica en una entrevista a elDiario.es que gran parte de la violencia ejercida contra la población civil tiene un claro componente de género. De hecho, tal y como apunta, los ataques contra las mujeres pretenden, entre otros, destruir los vínculos familiares y comunitarios, humillar a la población o provocar desplazamientos forzados.

“La violencia sexual sistemática adquiere un componente biopolítico y es utilizada para forzar embarazos con el objetivo de alterar la composición étnica de una población, constituyendo una forma de dominación y un modo de control extremo sobre los cuerpos de las mujeres”, señala.

Una estrategia de guerra, no un daño colateral

Uno de los principales mensajes del estudio consiste en desmontar la idea de que las agresiones sexuales aparecen como consecuencia del caos propio de cualquier conflicto.

La revisión recoge evidencia procedente de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que documentan patrones repetidos de violaciones en grupo, torturas sexuales, mutilaciones genitales o embarazos forzados en escenarios como Bosnia, Ruanda, Etiopía o Ucrania.

“Organismos internacionales documentan cómo en los conflictos armados existen patrones de violación en grupo, mutilación genital y tortura sexual como práctica sistemática durante la ocupación militar”, explica Obón-Azuara.

En otros casos, añade, las violaciones se utilizan como mecanismo de castigo político o de desplazamiento forzado de comunidades enteras. Por ello, reconocer esta realidad supone un cambio tanto desde el punto de vista jurídico como sanitario, ya que, durante décadas, muchas de estas agresiones quedaron invisibilizadas o fueron consideradas consecuencias inevitables de la guerra. No obstante, en estos momentos, la violencia sexual está reconocida como crimen de guerra y, en determinados contextos, como una forma de genocidio.

“Reconocer todos estos crímenes de guerra que antes quedaban impunes e invisibles supone desarrollar sistemas para impedir que se repitan e implementar respuestas sanitarias adecuadas a las situaciones de las mujeres en los territorios afectados”, indica.

Cuando el sistema sanitario también desaparece

El estudio insiste en que la guerra hace daño incluso cuando nadie dispara directamente contra una mujer debido a la destrucción de hospitales, la falta de personal sanitario o la interrupción de los servicios básicos que afectan, por lo tanto, a la salud femenina.

Durante un conflicto, asimismo, desaparecen las consultas prenatales, los anticonceptivos, la atención obstétrica urgente, la profilaxis tras una agresión sexual o el acceso a productos de higiene menstrual. Todo esto, se traduce en un incremento de embarazos no deseados, infecciones, complicaciones obstétricas y muertes evitables.

“En las situaciones de conflicto se interrumpen los servicios esenciales, lo que contribuye directamente al aumento de la morbilidad y la mortalidad materna”, explica la médica, al mismo tiempo que afirma que “se calcula que más de 500 mujeres mueren al día por causas relacionadas con el embarazo o el parte en estos contextos de conflicto”.

En cuanto a la falta de productos para la higiene menstrual, aunque “podría parecer una cuestión secundaria”, se traduce en infecciones recurrentes, ansiedad y exposición a situaciones de vergüenza, aislamiento o inseguridad.

Si las consecuencias físicas son evidentes, las psicológicas suelen prolongarse durante mucho más tiempo. Según recuerda Obón, el estudio recoge que las mujeres supervivientes de violencia sexual presentan “un riesgo tres veces mayor de desarrollar trastorno por estrés postraumático que aquellas expuestas a otras formas de violencia durante la guerra”.

Depresión, ansiedad, insomnio crónico, culpa, aislamiento social o ideación suicida forman parte de unas secuelas que no desaparecen cuando termina el conflicto.

“Es importante diferenciar el trauma derivado de la violencia sexual del trauma general de la guerra porque solo así pueden diseñarse respuestas adecuadas y culturalmente adaptadas que eviten la estigmatización de las supervivientes y contribuyan realmente a su reparación”, apunta.

Es por ello, por lo que el estudio insiste en que la respuesta sanitaria no puede limitarse a tratar lesiones físicas, sino que “debe incorporar atención psicológica especializada y un acompañamiento prolongado en el tiempo”.

La guerra continúa después de la guerra

Como reconoce esta profesional, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores durante la revisión de la literatura científica fue comprobar que muchas de las consecuencias más graves aparecían cuando los combates ya habían terminado. A pesar de que durante el conflicto predominan la violencia directa y el colapso de los servicios sanitarios, existen otras formas de violencia que, de primeras, “pasan desapercibidas”.

A su juicio, las mujeres asumen el cuidado de sus familias, afrontan la pérdida de ingresos, sufren dificultades para acceder al empleo e incluso pierden el derecho a la propiedad de la tierra.

“La pobreza no resulta de decisiones individuales de las mujeres, sino de la interacción de normas patrimoniales, exclusión de mercados de crédito y tierra y ausencia de estas variables en el diseño institucional de la reconstrucción”, subraya.

Ese fenómeno recibe el nombre de feminización de la pobreza y constituye uno de los principales obstáculos para que las supervivientes puedan reconstruir su vida.

Aragón también puede aprender

Aunque puede parecer una realidad ajena por distancia, Obón recuerda que España “no es un observador externo”, sino una “receptora activa”. Esta posición, según añade, la convierte en “un lugar legítimo y necesario para generar conocimiento y aplicarlo”.

En Aragón, agrega, existe un marco normativo que garantiza la atención sanitaria a las personas refugiadas y protocolos específicos para actuar ante situaciones de violencia sexual o mutilación genital femenina. Sin embargo, lamenta que “estos protocolos no han sido auditados y se desconoce su cumplimiento real”.

A esta situación se añaden barreras administrativas que retrasan el acceso a la atención sanitaria y dificultades derivadas del idioma o del miedo de muchas mujeres a perder el asilo si revelan la violencia sufrida.

Durante la llegada de refugiados procedentes de Ucrania se activaron dispositivos rápidos de acogida en Zaragoza gracias a la coordinación institucional. En cambio, la investigadora se pregunta si esa misma capacidad de respuesta existiría ante conflictos con menor repercusión mediática: “Normativamente estamos preparados, pero el cumplimiento operativo es desigual”.

El estudio también pone el foco en cómo los profesionales sanitarios no solo deben atender las lesiones físicas de las víctimas, por lo que “tienen que saber detectar situaciones de violencia, acompañar a las mujeres hacia recursos sociales, psicológicos o legales y documentar cada caso de manera rigurosa”.

“La historia clínica tiene un peso legal y pericial como carga de prueba, que corroborará científicamente lo que las personas han sufrido y permitirá iniciar un proceso de reparación”, sostiene, además de compartir que esa dimensión ética forma parte “inseparable” del ejercicio de la medicina.

Investigar para que el olvido no gane

A la investigadora le preocupa que la sucesión constante de crisis internacionales termina normalizando estas violencias. “El olvido no es solo mediático. Tiene un correlato presupuestario medible”, sostiene.

Los datos muestran que, tres años después del inicio de la invasión de Ucrania, casi la mitad de las organizaciones dedicadas al empoderamiento económico de las mujeres habían reducido sus programas, sobre todo cuando las consecuencias sociales y sanitarias comenzaban a hacerse más visibles.

Fuente: eldiario.es