«La pandemia ha sido un reto para un forense, pero humanamente una pesadilla»
Tras el rastro de fármacos antivirales eficaces
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El médico forense Paulino Querol Nasarre reflexiona sobre lo vivido en el Instituto de Medicina Legal de Aragón en los dos meses y medio vividos.
Los médicos forenses nos enfrentamos ante muertes violentas o sospechosas de criminalidad, o aquellas en las que se carece de certificado de defunción en los juzgados de guardia de Aragón. Inicialmente tratamos la pandemia como una “catástrofe”. Esta situación con elevado número de fallecimientos, se extendería por un largo periodo de tiempo como una carrera de resistencia y no de velocidad debíamos estar preparados.
Nuestro primer reto era tener EPIS tanto para nosotros como otros colaboradores, protegernos y proteger. Pero esa barrera contra el virus también rompía nuestros recursos emocionales. Este «disfraz profesional» genera un distanciamiento que limita la empatía en un momento de sufrimiento para la familia, a veces no podías hablar con ellos, en otras era la sorpresa porque se tratase a su familiar como un afectado, en suma habíamos perdido esa forma de actuar que tras muchos años ayudaba a entender cuando sale de casa un familiar fallecido en un procedimiento judicial.
Tras el levantamiento del cadáver debíamos afrontar las autopsias forenses que en ningún momento se dejaron de realizar: Disponíamos de una sala de autopsias de alto riesgo, renovada poco antes de la pandemia, hubo que ampliar y poner en marcha una segunda cámara frigorífica colectiva de cadáveres, y como activos y firmes defensores del trabajo en equipo, se organizaron refuerzos de apoyo que nos permitieran superar la situación con la máxima eficiencia y el menor riesgo.
Todo funcionaba como un reloj, pero nuevamente el virus con el tan necesario confinamiento, con la distancia social… nos volvía a impedir esas palabras generalmente tranquilizadoras a los familiares tras la práctica de la autopsia. Paralelamente los médicos forenses debíamos seguir a las órdenes judiciales para atender casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, internamientos psiquiátricos, asistencia a detenidos, registro civil, entre otras obligaciones.
El visado de certificados de defunción con los dichosos «covid-19 confirmado» nos confirmaba también la gravedad del problema. En definitiva, como profesionales ha supuesto un reto y una experiencia, humanamente una pesadilla que queremos que concluya.
